Introducción
Los delitos societarios definen por primera vez en el Derecho Positivo un ámbito específico de intervención penal para responder a determinadas conductas realizadas, como violación de los deberes o abuso de los poderes legalmente establecidos por quienes desempeñan funciones de relieve o tienen posiciones predominantes en el seno de las sociedades comerciales.
Importancia en el ámbito internacional
Los delitos societarios constituyen una figura jurídica que protege el patrimonio de los accionistas de las empresas contra el abuso de los que detentan el poder dentro de las mismas y por tanto del orden socio-económico, lo que las hace funcionar ya no como una entidad creativa generadora de riqueza sino como una organización dañina con una finalidad antisocial generadora de desorden y caos social.
El acelerado crecimiento, tanto de las grandes sociedades como el de la economía como producto de la globalización, ha traído como consecuencia la internacionalización de la actividad de las empresas. Tanto las decisiones de estas corporaciones como su posible comportamiento criminológico trascienden sus fronteras nacionales hacia otros países, muchas veces perjudicándolos. Los problemas sociales se extienden a través de los continentes. Por lo tanto es necesaria la presencia de esta figura jurídico penal, la cual puede ser utilizada como una herramienta política para establecer un control de las empresas dentro de su propio país.
La figura jurídico penal de los delitos societarios
La creación de la figura jurídico penal de los delitos societarios coincide con la emergencia en el mundo de nuevos valores representativos de bienes jurídicos colectivos y con la necesidad de su protección, que aunque no obligue a que tal protección sea penal, sí determina que tenga su reflejo en las leyes penales.
Por esto la creación de la figura jurídico penal de los delitos societarios no se opone a las modernas teorías sobre el derecho penal.
Principales delitos societarios contemplados en el código penal del mundo
Los diferentes delitos que son perseguibles mediante denuncia de las personas agraviadas o de su representante legal (es decir, a instancia de parte), son:
• falseamiento de cuentas anuales u otros documentos,
• abuso de la situación mayoritaria en la junta de acciones,
• atribución indebida del derecho del voto,
• negar o impedir el ejercicio del derecho de información a los socios o accionistas,
• impedir la actuación inspectora de las administraciones o bien de la Junta de accionistas,
• disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad , o bien contraer obligaciones en nombre de la misma,
• aceptar acciones o títulos de la persona jurídica como garantía de un crédito
• fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes, y
• omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar, acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica.
Los delitos societarios definen por primera vez en el Derecho Positivo un ámbito específico de intervención penal para responder a determinadas conductas realizadas, como violación de los deberes o abuso de los poderes legalmente establecidos por quienes desempeñan funciones de relieve o tienen posiciones predominantes en el seno de las sociedades comerciales.
Importancia en el ámbito internacional
Los delitos societarios constituyen una figura jurídica que protege el patrimonio de los accionistas de las empresas contra el abuso de los que detentan el poder dentro de las mismas y por tanto del orden socio-económico, lo que las hace funcionar ya no como una entidad creativa generadora de riqueza sino como una organización dañina con una finalidad antisocial generadora de desorden y caos social.
El acelerado crecimiento, tanto de las grandes sociedades como el de la economía como producto de la globalización, ha traído como consecuencia la internacionalización de la actividad de las empresas. Tanto las decisiones de estas corporaciones como su posible comportamiento criminológico trascienden sus fronteras nacionales hacia otros países, muchas veces perjudicándolos. Los problemas sociales se extienden a través de los continentes. Por lo tanto es necesaria la presencia de esta figura jurídico penal, la cual puede ser utilizada como una herramienta política para establecer un control de las empresas dentro de su propio país.
La figura jurídico penal de los delitos societarios
La creación de la figura jurídico penal de los delitos societarios coincide con la emergencia en el mundo de nuevos valores representativos de bienes jurídicos colectivos y con la necesidad de su protección, que aunque no obligue a que tal protección sea penal, sí determina que tenga su reflejo en las leyes penales.
Por esto la creación de la figura jurídico penal de los delitos societarios no se opone a las modernas teorías sobre el derecho penal.
Principales delitos societarios contemplados en el código penal del mundo
Los diferentes delitos que son perseguibles mediante denuncia de las personas agraviadas o de su representante legal (es decir, a instancia de parte), son:
• falseamiento de cuentas anuales u otros documentos,
• abuso de la situación mayoritaria en la junta de acciones,
• atribución indebida del derecho del voto,
• negar o impedir el ejercicio del derecho de información a los socios o accionistas,
• impedir la actuación inspectora de las administraciones o bien de la Junta de accionistas,
• disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad , o bien contraer obligaciones en nombre de la misma,
• aceptar acciones o títulos de la persona jurídica como garantía de un crédito
• fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes, y
• omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar, acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica.